Tribunal Popular por la Salud de los Pueblos – Veredicto

Tribunal de Saúde do Povo – Veredito

Contexto

Tras varios meses de preparación para documentar las prácticas violentas de Shell y Total, comunidades de Uganda, Mozambique, el delta del Níger y Sudáfrica presentaron ante el Tribunal Popular por la Salud de los Pueblos 12 testimonios que dieron cuenta de la enorme amplitud de las violencias infligidas por Shell y Total,  suscritas además por sus gobiernos nacionales, organismos multilaterales y otros agentes no estatales. El veredicto reconoce que las acusaciones aquí recogidas son sólo una pequeña muestra de las atrocidades que se siguen cometiendo en estas geografías y en otras. 

En general, los testimonios ofrecidos en los lugares donde operan Shell y Total giran en torno a varios temas importantes: desplazamientos forzosos, contaminación (sobre todo del aire, las fuentes de agua y los suelos), problemas crónicos de salud, trauma, intimidación y criminalización. Todos los relatos describen también una preocupante captura del poder estatal por parte de estas empresas, que a menudo se utiliza para reforzar lo anterior mediante violencia directa y asesinato.

Shell

Royal Dutch Shell está acusada de graves violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza tanto en el delta del Níger como en Sudáfrica. En el delta del Níger, Shell junto con Chevron, lleva extrayendo combustibles fósiles desde la década de 1950, causando enormes daños ambientales, como devastadores derrames de petróleo, quema de gases nocivos y la contaminación generalizada del agua. Estas prácticas perjudiciales amenazan directamente la salud de todos los seres vivos del ecosistema, y al propio ecosistema, y han causado un inmenso sufrimiento a las comunidades afectadas.

Escuchamos testimonios que pusieron de manifiesto la contaminación del agua y fuimos testigos de cómo se extraía petróleo de los pozos de agua.¹ Shell se negó a difundir las evaluaciones de impacto, a pesar de la petición de la comunidad. Esta negligencia ha provocado hambre y pobreza, ya que el suelo pierde su fertilidad y ya no sirve de sustento para las comunidades. La comunidad de Obelle se ha visto expuesta a un aumento de los casos de cáncer, insuficiencia renal, cardiopatías, problemas respiratorios e infertilidad.

Oímos cómo las comunidades respiran aire tóxico y se enfrentan al “pánico de posibles propagaciones de incendios” y a los riesgos del carbono. Los testimonios revelaron que las y los miembros de las familias sufren convulsiones, abortos espontáneos, irritaciones oculares, quemaduras por calor, irritaciones en la piel y problemas respiratorios. Todo ello, mientras se destruyen los medios de subsistencia de la población al morir el ganado y los árboles. 

Las inundaciones, agravadas por el cambio climático provocado por la exploración y explotación petrolera desmedida, van en aumento en Nigeria.  En 2022, más de 600 personas murieron y 1,3 millones resultaron desplazadas. Las comunidades del delta del Níger se ahogaron, las casas quedaron sumergidas y destruidas, las tierras de cultivo fueron arrasadas y con ellas, los medios de vida de los pueblos. La gente se ha quedado varada en campos de desplazados internos en condiciones terribles y con escaso apoyo.  

La resistencia a Shell se ha respondido con violencia. En la década de los 90s, Shell fue acusada de complicidad con el ejército nigeriano, lo que condujo a la ejecución de Ken Saro-Wiwa, activista ambiental, y de otras personas inocentes. Escuchamos el testimonio de la comunidad de Umuechem, que en 1990 decidió enfrentarse a la explotación de Shell. Pidieron hablar con el director regional mediante una protesta pacífica. A continuación, la policía, “armada hasta los dientes”, llevó a cabo una “operación de disparar a lo que se mueva” mientras la gente huía: “hasta 50 jóvenes perdieron la vida mientras escapaban a los arbustos aquel día; abatidos a tiros por la política petrolera”.

A pesar de este entorno opresivo, las organizaciones locales, como We the People (Nosotros los Pueblos) Nigeria , Health of Mother Earth Foundation (HOMEF- Fundación para la Salud de la Madre Tierra), el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP) y Environmental Rights Action (ERA- Acción por los Derechos ambientales), han luchado valientemente contra la violencia extractiva de estos proyectos de combustibles fósiles.

En Sudáfrica, Shell no sólo ha mostrado un desprecio similar por el ambiente, sino también por el patrimonio cultural indígena. Su proyecto de prospección en alta mar mediante ondas sísmicas dañinas fue detenido por un tribunal sudafricano tras las incansables protestas de grupos locales. Las prospecciones previstas por Shell frente a la Costa Salvaje (Wild Coast) constituyen una amenaza directa para la salud de los habitantes de las comunidades locales, para quienes el océano no es sólo una fuente de alimentos fácilmente alterable por las actividades extractivas, sino una fuente de profunda conexión espiritual. 

Los efectos en la salud de las políticas extractivas y en el vínculo sagrado entre los pueblos y la naturaleza que los alberga/sustenta no se captan fácilmente en los estrechos modelos biomédicos contemporáneos, pero los Pueblos y Nacionalidades Indígenas de todo el mundo han llamado la atención en repetidas ocasiones sobre las nefastas consecuencias para el bienestar de las comunidades cuando se interrumpe o distorsiona la comunión con la Tierra.

El pueblo Xhosa, junto con grupos como el Comité de Crisis de Amadiba y la comunidad de Mpondo, ha demostrado una notable resistencia, luchando por preservar su entorno y su forma de vida. A pesar de enfrentar intimidación y  violencia, su resistencia se ha traducido en importantes victorias como la ya mencionada revocación de la licencia de exploración de Shell en Sudáfrica. La gente ha ganado antes y volverá a ganar.

Total

TotalEnergies está implicada actualmente en abusos contra el ambiente y los derechos humanos profundamente preocupantes tanto en Uganda como en Mozambique. En Uganda, Total lidera el desarrollo del oleoducto de África Oriental (EACOP-East African Crude Oil Pipeline), que transportará crudo a lo largo de 1.400 kilómetros desde Uganda hasta Tanzania. El trazado propuesto para el EACOP atraviesa ecosistemas sensibles y territorios indígenas, lo que plantea riesgos significativos para la agricultura local, las industrias pesqueras y la salud de las comunidades. En particular, la publicación en 2019 por parte del gobierno ugandés de las Notificaciones de Adquisición de Tierras ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 14.000 hogares, lo que resalta los graves costes humanos y culturales de este proyecto. 

Desde Uganda, escuchamos testimonios de desplazamiento, desposesión, intimidación, pérdida de medios de vida y deterioro de la salud. Familias y comunidades han sido desarraigadas de sus hogares ancestrales sin compensación alguna. El desplazamiento ha destruido los medios de subsistencia de la población, lo que ha provocado que las familias tengan dificultades para pagar tarifas escolares, artículos de primera necesidad, acceso a la atención sanitaria y medicamentos.  La pérdida de tierras ha provocado una “proliferación del hambre, la pobreza y desintegración familiar”.

A pesar de las continuas impugnaciones legales y la considerable oposición, Total anunció en 2022 su decisión de seguir adelante con la construcción. Total llegó con la promesa de mejorar el nivel de vida con el desarrollo de EACOP, pero en lugar de eso, quienes dieron su testimonio indicaron cómo “no tenemos tierra y somos los más pobres del país”.²  De acuerdo a los testimonios compartidos, los esfuerzos de resistencia, encabezados por la campaña StopEACOP, a menudo se enfrentan a la violencia y la intimidación. 

En Mozambique, Total ha puesto en marcha un proyecto que emitirá un nivel de metano que aumentará hasta un 14% las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país, en una nación ya de por sí extremadamente vulnerable al cambio climático. Las actividades de Total en Mozambique se han caracterizado por la explotación y las graves violaciones de los derechos humanos. El empeño de la empresa por extraer la asombrosa cantidad de 65 billones de pies cúbicos de gas natural para 2024 está plagado de riesgos socioeconómicos, especialmente si se tiene en cuenta la inestabilidad actual de la región, que se ha visto exacerbada por el “escándalo de los bonos del atún” en 2016, que desencadenó una crisis económica.

Además, la construcción del parque de gas natural licuado de Afungi ha provocado el desalojo forzoso de 557 hogares. Las comunidades pesqueras que llevaban generaciones viviendo a escasos metros del océano fueron desplazadas a un “pueblo de reubicación” a más de 10 km tierra adentro, sin posibilidad de acceder al mar. A los agricultores que habían perdido sus tierras se les dieron pequeños e inadecuados terrenos lejos de las casas de reubicación a las que habían sido trasladados. Como consecuencia, estas comunidades han perdido sus medios de subsistencia y han quedado en la indigencia.

TotalEnergies, como parte de la industria del gas, ha estado vinculada a conflictos violentos entre insurgentes,fuerzas armadas y mercenarios. Hasta la fecha, este conflicto ha provocado el desplazamiento de un millón de personas, además de extorsiones, toma de rehenes, amenazas a las familias, agresiones sexuales, etc.

En marzo de 2021, tras un grave ataque insurgente a la aldea de Palma, la más cercana al parque Afungi, TotalEnergies abandonó la zona y los procesos en curso con las comunidades, alegando causas de “fuerza mayor”. Pusieron en pausa el proyecto indefinidamente y suspendieron todos los pagos de indemnizaciones. Al canalizar sus ingresos a través de filiales en paraísos fiscales, TotalEnergies también ha evitado pagar importantes impuestos en el país. Mientras tanto, sus operaciones han tenido efectos económicos devastadores para las comunidades.

Ambos casos ponen de manifiesto el desprecio de TotalEnergies por el ambiente y los derechos humanos en su afán de lucro. Las acciones de la empresa han precipitado daños ecológicos generalizados, han desplazado a miles de habitantes locales y están asociadas a graves abusos internacionales de los derechos humanos.

Principios orientadores

Este proceso se reconoce y se sitúa dentro de una amplia historia de organización y resistencia contra el extractivismo a escala mundial.³

1. Responsabilidad ante las comunidades afectadas

Este veredicto y el proceso rinden cuentas ante todo a las comunidades afectadas, que han dado su testimonio. Reconocemos que se trata de un proceso vivo, y no de un acontecimiento que pueda aislarse y examinarse. El veredicto se basa en las experiencias de las juezas y el juez y explícitamente en el diálogo con las comunidades que participaron en el tribunal. 

2. Salud

La salud se entiende en su sentido más amplio. Esto significa que la salud no es sólo un estado completo de bienestar físico, mental y social en lo que concierne al individuo, sino que es colectiva, ecológica, cultural y espiritual. Desde aquí, reafirmamos el derecho universal a dicha salud. 

3. Tierra, lengua, liberación

Nos guiamos por las prácticas y epistemologías liberadoras de los pueblos indígenas, basados en la tierra, el agua, y afirmamos su derecho a la autodeterminación y la profunda relación de estos pueblos con sus tierras ancestrales pues de ella emanan sus culturas y lenguas.

4. Limitaciones del aparataje internacional

Denunciamos el doble rasero del status quo internacional construido sobre la opresión y el genocidio continuados de los pueblos de ascendencia indígena y africana. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ejerciendo su desproporcionado poder de veto, expone este sistema de doble rasero en la incoherencia entre sus políticas y acciones. Esta discrepancia ha sido evidente en el Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos y el Cambio (2004) y se ve reforzada por la inexistencia de un mecanismo internacional auténticamente funcional -legal o de otro tipo- para exigir responsabilidades a gobiernos e instituciones.

5. Desmantelar los sistemas hegemónicos de poder 

Reconocemos las matrices de poder hegemónico que se refuerzan mutuamente y que sirven de andamiaje a las ideologías de extracción y dominación fundamentales para las prácticas de Shell y Total -a saber, el capitalismo racial colonial y el cis-heteropatriarcado capacitista y la necesidad de desmantelar estos sistemas. 

6. Nuevas prácticas de construcción de mundos

Reconocemos la tensión que existe entre construir principios para futuros en libertad colectivos y elaborar estrategias materiales para transformar las realidades actuales que habitamos. Nos guiamos por un equilibrio entre ambas. Esto incluye reconocer las limitaciones de las “democracias” electorales y del sistema de “justicia” penal, y su incapacidad para ofrecer una justicia significativa. Respetamos y mantenemos la visión de un mundo en el que empresas como Shell y Total ya no existan. La conclusión del proceso completo de reparaciones que se describe a continuación conduciría probablemente al fin de la existencia de Shell y Total como entidades.

Fallo

Por los actos citados anteriormente, declaramos a Shell -responsable a través de sus Consejos de Administración anterior y actual- culpable de sus actividades en el Delta del Níger y en Sudáfrica, que consideramos extremadamente perjudiciales para los medios de subsistencia, la salud, el derecho a la vivienda, la calidad de vida, el derecho a vivir con dignidad, la calidad del ambiente, el derecho a vivir sin discriminación ni opresión, el derecho al agua potable y el derecho a la autodeterminación de las comunidades afectadas.

Por los actos citados anteriormente, declaramos a TotalEnergies culpable por sus actividades en Mozambique y en Uganda, que consideramos extremadamente perjudiciales para los medios de subsistencia, la salud, el derecho a la vivienda, la calidad de vida, la calidad del ambiente, el derecho a vivir sin discriminación ni opresión, el derecho al agua potable y el derecho a la autodeterminación de las comunidades afectadas.

Declaramos culpables a los Gobiernos del Reino Unido, los Países Bajos y Francia por apoyar y promover la inversión en petróleo y gas y el extractivismo atrozmente perjudiciales e irresponsables en el África subsahariana. 

Declaramos culpables a los gobiernos de Mozambique, Sudáfrica, Uganda y Nigeria por ser cómplices e irresponsables al no establecer y aplicar legislación, reglamentos y medidas de supervisión y aplicación para proteger los derechos de sus pueblos.

También consideramos que instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, que conforman la depredadora arquitectura financiera internacional, son culpables de crear condiciones, a través de sus políticas y prácticas, que comprometen la libertad económica de las naciones, así como de las familias a las que se les imponen tarifas escolares obligatorias, por ejemplo, debido a los programas de ajuste estructural, el Tratado sobre la Carta de la Energía y la Solución de Controversias entre Inversores y Estados. 

Proponemos que el asesinato sistemático, directo y social a gran escala, ya sea a través de la violencia militar y paramilitar (como se comparte en los testimonios de Mozambique), los efectos nocivos para la salud de las prácticas extractivistas (como la contaminación de las fuentes de agua destacada en los testimonios de Ogoniland, Delta del Níger) o, de hecho, los impactos aguas abajo de la crisis climática (como las inundaciones, de nuevo descritas en el Delta del Níger) constituyen un genocidio efectivo,⁴ además de ecocidio.

Demandas/recomendaciones

Exigencias a Shell & Total

DETENER 

1. Todos los planes activos de expansión de los yacimientos de extracción de combustibles fósiles existentes y una moratoria permanente de la exploración de nuevos yacimientos.
2. La connivencia con grupos militares y paramilitares y su financiación, así como el despliegue de fuerzas de seguridad privadas para hostigar y abusar de las comunidades locales, y garantizar que esto no se repita en el futuro.

COMENZAR 

Crear la infraestructura para un proceso de justicia reparadora

• Exigimos la admisión pública de culpabilidad y el inicio de un proceso de justicia reparadora. Las comunidades afectadas deben liderar en qué consiste esto exactamente. Las sugerencias provisionales incluyen:
  • Sesiones inmediatas de mediación con las comunidades afectadas para una justicia transformadora. Las empresas pagan todos los honorarios, garantizan que la mediación se realice en las lenguas indígenas locales y documentan el proceso. La mediación la dirigen las comunidades afectadas con observadores internacionales seleccionados por estas comunidades, y demandas claras sobre cómo proceder
  • Uno de los resultados puede ser un juicio popular al Consejo de Administración de las empresas y a los funcionarios competentes del gobierno británico/francés.

Pasos de apoyo hacia la justicia sanitaria para las comunidades locales

1. Financiar una auditoría sanitaria independiente longitudinalmente (es decir, a lo largo de varias generaciones) en las comunidades afectadas para trazar un mapa de los impactos sanitarios de la extracción de combustibles fósiles.
2. Compensaciones económicas significativas, a la espera de que se revisen los registros financieros para decidir las cantidades finales de las sanciones para cada comunidad.
3. Acceso obligatorio e indefinido a asistencia sanitaria de urgencia y a largo plazo para todos los que vivan y/o trabajen en la zona de extracción de combustibles fósiles, sin que recaiga sobre las comunidades la carga de la prueba para demostrar que la mala salud está relacionada con la extracción de combustibles fósiles.
4. Financiar infraestructuras públicas locales de investigación para recopilar datos epidemiológicos sociales sobre los efectos de la extracción de combustibles fósiles.

Reparar los impactos del desplazamiento forzoso

1. Cuando las comunidades han sido desplazadas pero no se ha iniciado la construcción de infraestructuras extractivas, se les devuelven inmediatamente sus tierras y recursos asociados. 
2. Cuando el retorno inmediato no es posible debido a la extracción de combustibles fósiles en curso y sus impactos asociados, se indemniza adecuadamente por la pérdida de vivienda, tierras, medios de subsistencia y por el trauma y enfermedades infligidos, además de proporcionar indefinidamente viviendas seguras y de alta calidad. 

Limpieza y remediación de los territorios, incluyendo el aire, las aguas y las tierras afectadas

1. Financiar una evaluación rigurosa e independiente del impacto ambiental y sanitario, con todos los datos disponibles libre y públicamente.
2. Las infraestructuras de combustibles fósiles existentes deben desmantelarse y retirarse de forma segura, minimizando los daños ecológicos.

3. La limpieza debe cumplir las normas de calidad ambiental internacionales o las del país de origen de la empresa, las que sean más estrictas. Esto también incluye restaurar en la medida de lo posible los territorios a la forma en que se encontraban antes de la extracción.
4. Cuando así lo deseen los miembros de la comunidad, todos aquellos que deseen abandonar la zona mientras duren las labores de limpieza, desbroce y descontaminación serán reubicados con todos los gastos cubiertos, y se adoptarán disposiciones para que regresen una vez que sea seguro habitar la tierra.

Reconocer las soberanías locales y hacer realidad las demandas de las campañas locales

1. En Uganda, pedimos a Total que detenga el oleoducto de África Oriental, de acuerdo con la campaña StopEACOP, que cuenta con apoyo local e internacional. 
2. En el delta del Níger, pedimos a Shell que cumpla categóricamente las exigencias planteadas en el Manifiesto del Delta del Níger por la Justicia Socioecológica. 

Financie y coopere con todas las condiciones de una transición justa⁵

1. Comprometerse con la justicia energética local para el periodo de transición en los términos de las comunidades locales, y una transición justa hacia empleos decentes y de calidad para todos los trabajadores, atendiendo a sus necesidades tal y como se recoge en “Un Marco Estratégico para una Transición Justa“.  
2. Compensar a las comunidades por los impactos del cambio climático sobre la salud causados por la extracción de combustibles fósiles, en línea con las evaluaciones independientes de culpabilidad, como el Time to Pay Paper.

Peticiones a los gobiernos e instituciones multilaterales 

A) Gobiernos de Uganda, Nigeria, Sudáfrica, Mozambique

DETENER

1. Utilizar los impuestos y las subvenciones a la tierra para llenar los bolsillos de las empresas de combustibles fósiles que causan inmensos daños a las comunidades.
2. Avalar cualquier plan neto cero que no dé prioridad a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a una transición justa asociada.
3. Permitir que las fuerzas policiales y militares intimiden y ataquen a las comunidades locales en nombre de la protección de los intereses de las corporaciones de combustibles fósiles o de funcionarios gubernamentales cómplices. 
4. Prohibir el uso de fuerzas de seguridad privadas y paramilitares por parte de las corporaciones de combustibles fósiles, y garantizar que no se repita la violencia.

COMENZAR 

Crear la infraestructura para la justicia reparadora

1. Multar a las empresas extractivas por el daño y la destrucción que han causado a las comunidades y sus territorios durante décadas en la búsqueda de combustibles fósiles. Estas multas deben destinarse a la justicia reparadora para estas comunidades.  
2. Admitir el papel activo de su Estado a la hora de permitir la violencia de los combustibles fósiles e iniciar un proceso de justicia reparadora siguiendo el ejemplo de las comunidades afectadas.
3. Pague y facilite un Diálogo de Reconciliación Nacional dirigido por las comunidades afectadas para que cada comunidad comparta sus quejas y demandas. 
4. Cuando lo exijan las comunidades afectadas, cumplir las peticiones de dimisión de los representantes ministeriales, provinciales y locales y celebrar nuevas elecciones. 
5. Cuando lo exijan las comunidades locales, diseñar mecanismos democráticos participativos significativos, como juicios populares a funcionarios. 

Restauración de los derechos sobre la tierra

1. Restablecer y proteger los derechos prácticos y legislativos de los pueblos indígenas y locales sobre sus territorios ancestrales, de forma que sean inalienables. 
2. Cualquier decisión relativa al uso de la tierra debe ser tomada por la comunidad local.
3. Garantizar la protección de los defensores de la tierra y sus familias. 

Restaurar los territorios, incluyendo el aire, las aguas y las tierras afectadas

• Establecer requisitos políticos y legales que obliguen a las empresas contaminantes a llevar a cabo la limpieza, estipulando un calendario acordado con las comunidades afectadas. La limpieza debe cumplir las normas de calidad ambiental internacionales o las del país de origen de la empresa, las que sean más estrictas. Esto incluye garantizar que las empresas restauren en la medida de lo posible los territorios tal y como se encontraban antes de la extracción.

Dar pasos hacia la justicia sanitaria

1. Financiar evaluaciones de impacto ambiental y sanitario independientes, multando a las empresas contaminantes por sus actividades extractivas. 
2. Establecer infraestructuras públicas locales de investigación para recopilar datos epidemiológicos sociales sobre los efectos de la extracción de combustibles fósiles en las zonas afectadas, pagadas por las empresas contaminantes.
3. Reconocer la gravedad de las necesidades sanitarias y garantizar el acceso a la asistencia sanitaria de urgencia y a largo plazo a todos los afectados por las empresas contaminantes.

Supervisar una transición justa de los pueblos

1. Guiados por las demandas de las comunidades afectadas, garantizar una transición que mantenga la justicia energética para todos y permita la transición de los trabajadores locales empleados en las industrias de combustibles fósiles. 
2. Las comunidades, los trabajadores, los Estados y otras partes interesadas deben colaborar para llegar a transiciones que promuevan la reparación, la restauración, la equidad, los derechos y el bien común. Las transiciones hacia la energía verde también deben garantizar una distribución justa y una prioridad de la energía al servicio de las necesidades públicas por encima de los beneficios.

B) Gobiernos del Reino Unido, los Países Bajos y Francia 

(países en los que estas empresas tienen su sede o con los que están afiliadas) 

DETENER

1. Utilización de dinero público para subvencionar a empresas de combustibles fósiles 
2. Concesión de licencias para nuevos proyectos de combustibles fósiles en el Reino Unido, Países Bajos y Francia
3. Respaldo a cualquier plan “neto cero” que no dé prioridad a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y a una transición justa asociada.
4. Utilización del poder político y económico internacional para apoyar los mecanismos legales y extralegales que mantienen y permiten la violencia de Shell y Total.

COMENZAR

Asumir la responsabilidad por las acciones de Shell y Total

1. Compensar económicamente a las comunidades de primera línea afectadas y comprometerse en el proceso de justicia reparadora exigido por las comunidades afectadas. 
2. Ordenar a cada empresa que cubra los gastos de las campañas internacionales de concienciación (dirigidas por organizaciones de base) sobre sus fatales políticas y prácticas extractivas.

Utilizar las leyes nacionales para exigir responsabilidades a Shell y Total. 

• Hacer cumplir legalmente las recomendaciones anteriores dirigidas a Shell y Total utilizando la legislación nacional e internacional.

Cumplir las exigencias de los movimientos por la justicia reparadora  

• Emprender una evaluación independiente del impacto del colonialismo y el neocolonialismo en las comunidades de África, dirigida por estudiosos africanos de las reparaciones y las comunidades locales. Esto debería incluir una evaluación de los impactos actuales sobre la salud de la extracción de recursos y la crisis climática de la que países como el Reino Unido, Países Bajos y Francia son significativamente responsables. Nos fijamos en las demandas de coalición de Reparations UK (https://climatereparations.uk/#demands) como punto de partida.

Supervisar una transición justa para el pueblo

• Las comunidades, los trabajadores, los Estados y otras partes interesadas deben colaborar para lograr transiciones que promuevan la reparación, la restauración, la equidad, los derechos y el bien común. Las transiciones hacia la energía verde también deben garantizar una distribución justa y dar prioridad a la energía al servicio de las necesidades públicas frente a los beneficios.

C) Organismos multilaterales 

DETENER

• Los litigios o amenazas de litigios por parte de las empresas de combustibles fósiles, o por parte de las empresas con sede en los países, a través de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) y mecanismos relacionados. Además, pedimos específicamente la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía.  

COMENZAR

Reconocimiento de los crímenes de guerra, genocidio y ecocidio de las empresas de combustibles fósiles

• La ONU (y específicamente la Oficina para la Prevención del Genocidio y la Responsabilidad de Proteger) debe cuestionar y redefinir el genocidio como constituido por el resultado, en lugar de la intención.

Reconocimiento del colonialismo interno de quienes utilizan combustibles fósiles 

• El ACNUR debe reconocer los derechos de los desplazados por las industrias extractivas, bajo el término de desplazados internos.

Responsabilidad jurídica internacional de las empresas de combustibles fósiles

• Iniciar procedimientos legales en el marco de la Corte Penal Internacional contra las corporaciones de combustibles fósiles y/o sus ejecutivos por crímenes contra la humanidad.⁶ 

Vincular las reivindicaciones a la pertenencia a organismos multilaterales o sindicatos

• Los organismos multilaterales deben vincular el derecho a la afiliación con la obligación de cumplir las exigencias de reparación (por ejemplo, la necesidad de asignar un presupuesto específico para reparaciones holísticas a las comunidades afectadas por los impactos imprevisibles pasados, presentes y futuros de estas empresas criminales).

recomendaciones a los movimientos

DETENER

• El aval al “capitalismo verde” y a la continua extracción colonial para obtener energía renovable.

COMENZAR

Fomentar la solidaridad internacionalista entre las luchas 

1. Aumentar y fortalecer las relaciones Sur-Sur/Sur-Norte con un compromiso de aprendizaje mutuo profundo y de creación de poder para emprender acciones colectivas. 
2. Conectar y organizar explícitamente las distintas luchas, reconociendo que todas ellas están impulsadas por los mismos sistemas de poder descritos anteriormente. 

Utilizar los mecanismos tradicionales de rendición de cuentas 

1. Identificar abogados que ejerzan el derecho internacional para promover demandas colectivas contra Shell y Total a través de la Corte Penal Internacional u otros medios. 
2. Identificar y explotar el potencial de acción de los accionistas contra Shell y Total, y quienes las financian. 

Comprometerse con la organización propositiva

• Este compromiso exige una reimaginación de las instituciones políticas y de los movimientos a los que deben rendir cuentas. Esto significa no sólo trabajar por el desmantelamiento total de los sistemas de poder hegemónicos descritos anteriormente, sino organizarse para construir ecosistemas de “afirmación de la vida”⁷ de políticas y acciones que no protejan a los vulnerables de la explotación, sino que impidan la explotación en primer lugar.

Notas

1. UNEP Environmental assessment of Ogoniland (2011): https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7947

2. https://thewire.in/world/oil-and-gas-multinational-total-is-making-a-mess-in-mozambique

3. El veredicto se basa en los siguientes instrumentos internacionales, resaltados por un Tribunal Popular Internacional de Salud anterior: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Declaración de Alma-Ata (1977), la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (1986), el Protocolo de San Salvador (1988), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), la Declaración para la Salud de los Pueblos (2000), la Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado (2005) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007).

4. Dentro de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la definición de genocidio se plantea como:

“cualquiera de los actos siguientes cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

1. Matanza de miembros del grupo;
2. Causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo;
3. Infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial;
4. Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo;

Trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo”.

Esta definición de genocidio requiere “intención”. Sin embargo, creemos que las acciones de Shell y Total equivalen a una ignorancia deliberada que en la práctica constituye intencionalidad.

5. El marco orientativo para la transición justa al que se hace referencia se basa en el expuesto aquí por Movement Generation:https://movementgeneration.org/wp-content/uploads/2016/11/JT_booklet_English_SPREADs_web.pdf

6. Para mas informacion, vea aqui: https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2023/03/f9f5d5b6-inventory-of-crimes.pdf

7. Aquí, extraemos intencionadamente esta frase de la obra de la abolicionista de prisiones Dra. Ruth Wilson Gilmore.